Ampliación: La Justicia abre juicio oral contra García Urbano por contratar 46 días a una mujer con la que tenía una relación sentimental

Ampliación de una información publicada anteriormente.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha acordado la apertura de juicio oral contra el alcalde de la localidad, José María García Urbano (PP), por un presunto delito de prevaricación en concurso con otro de malversación. La vista oral se celebrará en la Audiencia de Málaga, según el auto dictado por el juzgado que ha instruido la causa.

El procedimiento se dirige también contra la mujer contratada. Según el escrito de la Fiscalía de Málaga, el regidor la nombró funcionaria eventual mediante un decreto de Alcaldía de 13 de febrero de 2023, «a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna» y «en connivencia» con ella, con quien mantenía una «relación sentimental». El contrato se extendió hasta el cese de la trabajadora el 31 de marzo de ese mismo año, un total de 46 días.

El ministerio público sostiene que la acusada percibió 1.634 euros en febrero y 3.642 euros en marzo sin contraprestación laboral. De este modo, presuntamente se «apropió la misma de tales cantidades sin contraprestación alguna, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio municipal». Una vez iniciado el procedimiento, el acusado ingresó en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Estepona 5.276 euros correspondientes al dinero percibido por la procesada. En junio, ingresó otros 2.589 euros por los gastos de cotización a la Seguridad Social.

La Fiscalía solicita para García Urbano un año y once meses de prisión y la inhabilitación para empleo o cargo público durante cinco años y once meses. Para la mujer contratada pide cuatro años y medio de cárcel por los mismos delitos en concurso. La acusación particular ejercida por el PSOE eleva su petición para el alcalde a cinco años y medio de cárcel y diez años de inhabilitación.

El alcalde de Estepona ha reiterado su «plena confianza» en la Justicia y ha mostrado su deseo de que el procedimiento judicial se inicie «lo antes posible» para demostrar que no se ha cometido ningún delito ni irregularidad en relación con esta contratación.

Fuente: 20minutos — Málaga

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El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), se sentará en el banquillo de los acusados. El juez del Tribunal de Instancia número 5 de Estepona ha dictado un auto, fechado el 10 de noviembre de 2026, por el que abre juicio oral contra el regidor por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, según ha adelantado Diario Sur.

El auto declara que el órgano competente para juzgar a García Urbano es la Audiencia Provincial de Málaga. Una vez notificada la resolución, se abrirá el plazo para la presentación del escrito de defensa y el procedimiento entrará en una nueva fase.

El caso se remonta a febrero de 2023, cuando el alcalde contrató como cargo de confianza a una mujer identificada como C.P.B., con quien, según la Fiscalía, mantenía una relación sentimental. El Ministerio Público sostiene en su escrito de acusación que la contratación se produjo «a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna (…) con el consiguiente perjuicio para el patrimonio municipal». El puesto se prolongó durante 46 días, entre febrero y marzo de ese año.

La Fiscalía solicita para García Urbano un año y once meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, así como la inhabilitación para ejercer cargo o empleo público durante cinco años y once meses. Para C.P.B., a quien considera cooperadora necesaria en los presuntos delitos, pide cuatro años y seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación para cargo o empleo público.

La petición de pena supone una rebaja respecto a la inicial, de cinco años y medio de prisión y diez de inhabilitación, formulada cuando el procedimiento se dirigía a un tribunal del jurado. El alcalde recurrió y la justicia le dio la razón, de modo que será juzgado por un tribunal profesional. La modificación se explica, según el Ministerio Público, porque una vez iniciado el procedimiento García Urbano ingresó en las arcas municipales 5.276,92 euros correspondientes al dinero neto recibido por C.P.B. en concepto de nóminas. Además, en junio de 2026 abonó a la Tesorería General de la Seguridad Social 2.589,97 euros de los gastos de cotización de dichos sueldos.

El alcalde ha reiterado su «plena» confianza en la Justicia y su deseo de que el procedimiento judicial se inicie lo antes posible para demostrar que «no se ha cometido ningún delito ni irregularidad» en relación con la contratación de este cargo de confianza. Su defensa sostiene que durante la instrucción se han aportado informes del departamento municipal de Recursos Humanos que acreditan las funciones propias del puesto y los servicios «efectivamente prestados» por la persona contratada, así como testimonios que corroboran su asistencia al Ayuntamiento y el trabajo que desarrollaba.

Fuente: Diario Sur

Imagen generada con IA: no es una fotografía de los hechos.