Anticorrupción vincula al exchófer de Sánchez con tres adjudicaciones de ADIF y Carreteras por casi 36 millones

La Fiscalía Anticorrupción sitúa a Cristian Abel Corvillo Aguilar, ex chófer de Pedro Sánchez, en una posición relevante dentro de la trama investigada en torno al exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Así consta en un escrito de 18 páginas fechado el 4 de noviembre y firmado por el fiscal Luis Pastor Motta. En él, el ministerio público respalda las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El documento atribuye indiciariamente a Corvillo un papel de intermediario entre Ábalos, Koldo García y Aldama. Esa intermediación se habría dado tanto en la canalización de fondos hacia el entorno del exministro como en las gestiones relacionadas con varias adjudicaciones públicas. La Fiscalía aprecia indicios de posibles delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Sostiene que el ex chófer habría utilizado una estructura de sociedades para intervenir en operaciones económicas sin aparecer formalmente al frente de algunas de ellas.

El escrito vincula sus actuaciones con tres contratos de ADIF y de carreteras cuyo importe conjunto asciende a 35.966.581 euros. La adjudicación de mayor cuantía corresponde a las obras del AVE Madrid-Extremadura en el tramo San Rafael-Cuarto de la Jara, adjudicadas a la UTE formada por Construcciones Sevilla Nevado y Azvi por 28,27 millones de euros, impuestos incluidos. La segunda es el contrato de conservación de la autopista AP-7 entre Cartagena y Vera, adjudicado a la UTE Aquaterra-Servicios Técnicos Napal por 7,48 millones. La tercera es el servicio de limpieza del edificio de ADIF en Méndez Álvaro, adjudicado a Limpiezas Castilla de Salamanca por 211.978 euros.

En el caso de la limpieza del edificio de Méndez Álvaro, la secuencia investigada se remonta a noviembre de 2018, poco después de que se anunciara la licitación. La Fiscalía recoge además comunicaciones entre Corvillo y Koldo García relacionadas con el contrato ferroviario. También mensajes entre el exasesor y quien entonces presidía ADIF, Isabel Pardo de Vera, a la que el escrito atribuye una posible intervención en dos de los contratos de ADIF examinados. En cuanto a la conservación de la AP-7, los investigadores ponen el foco en las coincidencias temporales entre determinados encuentros, modificaciones del pliego y comunicaciones posteriores.

El escrito precisa que los casi 36 millones de euros corresponden al valor de los contratos analizados, no a comisiones ilícitas acreditadas ni a cantidades que la Fiscalía considere desviadas. Tampoco establece que los procedimientos estuvieran amañados, sino que expone indicios que justifican profundizar en la investigación. El documento no constituye una resolución judicial ni acredita que todas las medidas solicitadas por la UCO hayan sido autorizadas o ejecutadas.

Fuente: Diario Sur

Imagen generada con IA: no es una fotografía de los hechos.