El TSJPV ratifica la condena a una enfermera de Osakidetza por espiar 89 veces los historiales de la pareja de su exmarido

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la condena que la Audiencia Provincial de Álava impuso en julio a una enfermera de Osakidetza por acceder de forma injustificada a los historiales médicos de la nueva pareja de su exmarido y del hijo menor de edad de esta, y por amenazarles. La Sala de lo Penal confirma así las penas de prisión e inhabilitación dictadas contra la sanitaria por dos delitos continuados de revelación de secretos.

La información remitida por el Servicio Vasco de Salud acredita hasta 89 accesos injustificados de la acusada a las historias clínicas de los denunciantes a lo largo de dos años, entre julio de 2021 y julio de 2023. Según la sentencia, la mujer «no aceptó la ruptura de la relación» con su marido. Con la intención de «atemorizar» a su nueva pareja, le enviaba de forma periódica mensajes de WhatsApp en los que «profería expresiones amenazantes» contra la mujer y su hijo.

En el marco de esas comunicaciones, fueron «varias» las ocasiones en las que «hizo comentarios» a su exmarido sobre «la salud» de la mujer y el menor. Entre ellos figuraban «datos particularmente sensibles relativos a la salud mental y sexual de las víctimas», de los que había «tenido conocimiento mediante el acceso ilícito a sus historiales médicos».

La Audiencia de Álava impuso a la acusada dos penas de prisión por los dos delitos continuados de revelación de secretos: 1 año y 9 meses, y 1 año, 7 meses y 15 días. A ellas se suman dos penas de inhabilitación absoluta de 4 años y 6 meses cada una y dos sanciones económicas de 3.042 y 2.835 euros. Por las amenazas deberá hacer frente a una multa de 810 euros. La sentencia incluye además la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de las víctimas: 2 años y 9 meses respecto al menor y 2 años, 7 meses y 15 días respecto a la madre.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria ya había acordado en octubre de 2024, de forma cautelar durante la tramitación de la causa, una orden de alejamiento de 200 metros hacia la madre, a la que la enfermera tampoco podía dirigirse por ningún medio.

Durante la instrucción quedó acreditado que la acusada presentaba un trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones y la conducta, con sintomatología ansioso depresiva y obsesiva que cursa con gran inestabilidad emocional y problemas graves de control de impulsos. La Audiencia alavesa reconoció que esa condición «afectaba a sus facultades volitivas, que se encontraban parcial o moderadamente alteradas», por lo que aplicó la atenuante de anomalía o alteración psíquica. También apreció la atenuante simple de reparación del daño, después de que la condenada ingresara los 24.000 euros fijados en concepto de responsabilidad civil.

La defensa recurrió el fallo alegando, entre otras cuestiones, que el hecho de que una prueba sea lícita no garantiza que sea fiable, en referencia a los mensajes: «Que el destinatario pueda entregarlos no significa que estos sean veraces», sostuvo su representación legal. El tribunal desestimó ese motivo porque «la propia acusada reconoció en el acto del juicio el envío de los mensajes». La defensa también invocó la vulneración de la presunción de inocencia al atribuirle la totalidad de los accesos a las bases de datos de Osakidetza realizados con su perfil, sin descartar que terceros pudieran usar sus credenciales. La Sala de lo Penal rechazó igualmente este argumento al considerar que «es contrario a cualquier lógica pensar en un error o que un indeterminado e inmotivado tercero accedió» con ellas.

Fuente: Diario Sur

Imagen generada con IA: no es una fotografía de los hechos.