El Gobierno archiva la planta solar de 80 megavatios que Sonnedix proyectaba en Almogía
Imagen de archivo del entorno. Foto: Tyk — CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha desestimado la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de la planta fotovoltaica Aliaga Solar II y ha acordado el archivo del expediente. El proyecto, de 80 MWp, lo promovía VE Sonnedix SPV Gamma, sociedad vinculada al promotor Sonnedix. Contemplaba un parque solar con sus infraestructuras de evacuación asociadas en el término municipal de Almogía (Málaga).
La resolución fue firmada el 25 de septiembre de 2026 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Cierra un procedimiento que arrancó en noviembre de 2020 y que acumuló dos obstáculos determinantes: la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red de transporte y la terminación del procedimiento de evaluación ambiental.
La instalación obtuvo inicialmente los permisos de acceso y conexión en la subestación Los Montes, de 220 kV, propiedad de Red Eléctrica de España. Sin embargo, el gestor de la red comunicó al Ministerio el 15 de junio de 2023 la caducidad de esas autorizaciones. No se había acreditado el cumplimiento de los hitos administrativos que fija la normativa energética.
En paralelo, la tramitación ambiental tampoco llegó a buen término. El expediente se remitió en febrero de 2022 al órgano ambiental para iniciar el procedimiento ordinario, pero la documentación del promotor se consideró incompleta. La Administración requirió subsanaciones en marzo y septiembre. En enero de 2023, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental declaró terminado el procedimiento por no disponer de elementos de juicio suficientes para formular la declaración de impacto ambiental.
Sonnedix presentó alegaciones en febrero de 2023 para que continuase la evaluación de Aliaga Solar I y Aliaga Solar II, ambos de 80 MWp. En febrero de 2024 aportó documentación complementaria en la que cuestionaba la legalidad de la terminación del procedimiento ambiental. La Dirección General de Política Energética y Minas concluye ahora que no concurren las condiciones necesarias para conceder las autorizaciones solicitadas.
La resolución no pone fin a la vía administrativa: la promotora dispone de un plazo de un mes para recurrir en alzada ante la Secretaría de Estado de Energía.
Fuente: Málaga Hoy
Imagen de archivo del entorno. Foto: Tyk — CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)
Redacción
Redacción de Ahora Málaga
