La jueza Tardón imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta por su supuesta pasividad ante los avisos previos al asalto
Foto: GenesisGelbes — CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha imputado al exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano en la causa que investiga el asalto masivo a la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron la frontera desde Marruecos. El exdelegado declarará como investigado el 18 de noviembre, la semana anterior a las Elecciones Generales, para aclarar su actuación ante los avisos de la inminente riada humana.
El paso judicial llega tras el testimonio de Gonzalo Sanz Ruiz, quien fuera su jefe de gabinete. Sanz declaró el 1 de octubre ante la magistrada y ratificó lo que ya había sostenido al presentar su dimisión el 11 de septiembre: «La información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI el día 29 de julio fue transmitida por mi persona al propio delegado ese mismo día». Sanz entregó además mensajes de su teléfono y aseguró que la Delegación del Gobierno había advertido en repetidas ocasiones al Ejecutivo central del deterioro de la situación en la frontera.
Entre esas comunicaciones figura un WhatsApp enviado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a Sanz el 29 de julio a las 13.52 horas: «En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h». El mensaje precisaba que los dos grupos de Facebook que difundían la convocatoria sumaban 180.000 seguidores, cifra de alcance en redes y no una previsión de entradas. Aquella noche, a las 21.34, el jefe de gabinete mantuvo una conversación de once minutos con un miembro del CNI sobre la situación fronteriza.
Pérez Triano, que dimitió en septiembre, ha negado que recibiera personalmente aquella información y ha cuestionado que el mensaje constituyera una alerta. «Por supuesto que no es una alerta», declaró entonces, antes de añadir que «nadie fue capaz de prever lo que ocurrió». La contradicción con las explicaciones públicas del exdelegado ha convertido la transmisión de los avisos en uno de los principales frentes de las pesquisas. Estas también buscan aclarar hasta dónde el Gobierno de Rabat promovió esta riada.
La imputación se produce después de que el Consejo de Ministros autorizara este martes a dos agentes del CNI a declarar ante Tardón. El Gobierno también dio luz verde a una nueva desclasificación de documentación de inteligencia sobre la crisis, con determinadas reservas vinculadas a la seguridad del Estado. La Fiscalía de Ceuta ya había pedido investigar la «conducta, intervención y eventual responsabilidad» de Pérez Triano, incluidas las decisiones adoptadas y las instrucciones impartidas.
Fuente: Diario Sur
Redacción
Redacción de Ahora Málaga
