La jueza abre juicio oral contra García Urbano por contratar a una mujer con la que tenía una relación sentimental
Imagen generada con IA: no es una fotografía de los hechos.
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona, plaza número 5, ha acordado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), por presuntos delitos de prevaricación en concurso con malversación de caudales públicos, según el auto dictado el 10 de noviembre de 2026. La resolución declara competente para el enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Málaga y contra ella no cabe recurso. Las partes acusadas disponen de diez días para presentar escrito de conformidad o disconformidad con la acusación.
El procedimiento investiga la contratación como funcionaria eventual de una mujer con la que el alcalde mantenía, según la Fiscalía, una relación sentimental. El nombramiento se formalizó mediante un decreto de Alcaldía de 13 de febrero de 2023 y el cese se produjo el 31 de marzo de ese mismo año, un periodo de 46 días. El ministerio público sostiene que el regidor la contrató «a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna», con el consiguiente perjuicio para el patrimonio municipal.
En sus conclusiones, la Fiscalía cifra en 1.634 euros la cantidad percibida en febrero y en 3.642 euros la de marzo, importes que la acusada se habría apropiado «sin contraprestación alguna». Una vez iniciado el procedimiento, García Urbano ingresó en la Tesorería Municipal 5.276,92 euros correspondientes al dinero neto recibido en concepto de nóminas. En junio de 2026, abonó 2.589,97 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social por los gastos de cotización.
La Fiscalía solicita para el alcalde un año y once meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo e inhabilitación para cargo o empleo público durante cinco años y once meses. Para la acusada, identificada como C.P.B. y considerada cooperadora necesaria, pide cuatro años y seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación. El PSOE y Vox, como acusación popular, reclaman para el regidor cinco años y seis meses de cárcel y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La petición del ministerio público supone una rebaja respecto a los cinco años y medio de prisión y diez de inhabilitación que solicitó cuando la causa se dirigía al Tribunal del Jurado. Un auto de la Audiencia Provincial de Málaga de 6 de mayo de 2026 acordó tramitar el caso por procedimiento abreviado tras el recurso de la defensa, de modo que García Urbano será juzgado por un tribunal profesional.
El alcalde ha reiterado su «plena confianza» en la Justicia y su deseo de que el procedimiento judicial «se inicie lo antes posible para demostrar que no se ha cometido ningún delito ni irregularidad» en relación con esta contratación. La defensa sostiene que durante la instrucción se aportaron informes del departamento municipal de Recursos Humanos que acreditan las funciones del puesto y los servicios «efectivamente prestados». Añade que hay testimonios que corroboran la asistencia de la contratada al Ayuntamiento.
Fuente: elDiario.es — Andalucía
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Redacción
Redacción de Ahora Málaga
